Uno de los atributos relevantes del “Programa de Promoción de la Educación Inclusiva en las Américas para personas en situación de discapacidad” que la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización Internacional de Teletones (ORITEL) instrumentan desde 2017, reposa en la idoneidad y capacidad contributiva de los expositores internacionales y nacionales que conducen los seminarios que ya recorrieron Paraguay, Uruguay, Chile y México.
Entre esos especialistas se destaca Pamela Molina*, del departamento de Inclusión Social de la OEA, quien en la siguiente entrevista realiza un diagnóstico de los cuatro seminarios que se desarrollaron con el objetivo de promocionar los derechos de las personas con discapacidad y su plena inclusión en un sistema educativo regular, no segregado y de calidad.
La rigurosidad técnica y la contundencia de sus declaraciones nos interpela sobre los compromisos que cada estamento de la sociedad debe y puede adoptar para erradicar definitivamente conductas, atavismos y respuestas que sólo conducen a lo que Molina define como “perpetuar la desigualdad”.
Y si hay otro aspecto que caracteriza a la representante de la OEA, es su mirada valiente y espíritu crítico respecto a modelos imperantes que mantienen la discriminación, la segregación y la exclusión en detrimento de un gran número de personas con discapacidad.
“Entonces, estos seminarios son como abrir una puerta o una ventana: una primera aproximación, el golpe de gracia inicial, para cambiar la manera de mirar la realidad y para empezar a cuestionarnos las estructuras sobre las que hemos basado un sistema educativo que preconiza una arbitraria “excelencia” que no existe en los hechos y, por tanto, la exclusión”, afirma la experta.
Pamela Molina junto a Mel Ainscow e Ignacio Calderón, otros de los destacados expositores internacionales de los Seminarios de Educación Inclusiva OEA-ORITEL. La actividad en México clausuró el calendario de seminarios para el 2018.
¿Qué balance realiza de estos primeros cuatro Seminarios de Educación Inclusiva? ¿Cómo califica estas experiencias, tanto desde el punto de vista técnico como en lo que refiere a la receptividad de los diferentes públicos que participaron?
El balance desde la OEA es altamente satisfactorio. Por una parte, hemos podido constatar la alta demanda por capacitación y orientación en este tema, no sólo en los países en donde estamos implementando el Programa, sino en otros que nos piden que también lleguemos con los seminarios. Y esta demanda viene tanto de los gobiernos como de las escuelas, las y los docentes, y las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo las familias y las y los estudiantes con y sin discapacidad. Hubo gente que se ha movilizado desde un país a otro para escuchar a los expertos que traemos y para aprender colectivamente y compartir sus experiencias también. Hemos llenado los salones en que se han realizado estos Seminarios los dos días de duración de cada uno en cada país. Además, constatamos la activa y multitudinaria participación y seguimiento de los mismos online, cuando hemos podido proyectarlos en vivo por Facebook live u otra modalidad. El impacto de la iniciativa se puede medir también por su replicación a través de las redes sociales, y por las actividades paralelas que a nivel académico o con la sociedad civil hemos realizado los cuatro expositores internacionales, aprovechando nuestra estadía en cada país. Fuimos más allá de la agenda y del programa, para dialogar y aprender directamente con las y los actores claves del proceso educativo, incorporando sus voces a todo el proceso. Por otro lado, este equipo de expositores ha desarrollado un aprendizaje colectivo al compartir -e incluso hasta discutir- nuestro diversas miradas, que responden también a contextos diferentes: el europeo y el latinoamericano. Hemos crecido juntos, hay en cada una y cada uno un compromiso por la equidad y la inclusión que va mucho más allá de lo laboral; un compromiso humano que nos ha impulsado a trabajar incluso de noche o en fines de semana en cada país para sintetizar las recomendaciones sobre políticas públicas de educación inclusiva que nacen de las voces de la gente. Logramos integrar nuestros saberes y presentaciones de tal manera que ahora ya tenemos una fuerte sinergia para entregar un mensaje muy claro y coherente en relación a la necesidad de tomar medidas concretas para efectivizar la transformación de nuestros sistemas educativos hacia uno inclusivo y respetuoso de la diversidad humana.
A su juicio, estas primeras acciones ¿podrían haber generado una contribución para estimular la adopción de modelos inclusivos consolidados en nuestros países?
Pienso que hacer realidad una educación inclusiva implica un cambio cultural revolucionario y profundo, que rompa con la naturalización de la desigualdad, que está tan arraigada en nuestras sociedades. Nos parece “natural” que las personas con discapacidad y otras diversidades o situaciones de vulnerabilidad estudien en ámbitos segregados, porque por estigma cultural ya hemos decidido a priori que “no pueden” aprender con los demás. Nos parece “natural” la segregación como medida de pseudo-protección contra el “sufrimiento”, y porque “no hay recursos y no estamos preparados” para “este tipo” de personas. Esa respuesta de “no estar preparados” también nos parece natural, y así continuamos “naturalmente” perpetuando la desigualdad. Pero nunca estaremos como seres humanos realmente preparados para enfrentar las infinitas manifestaciones de la diferencia humana, que surgen y surgirán. Entonces, estos seminarios son como abrir una puerta o una ventana: una primera aproximación, el golpe de gracia inicial, para cambiar la manera de mirar la realidad y para empezar a cuestionarnos las estructuras sobre las que hemos basado un sistema educativo que preconiza una arbitraria “excelencia” que no existe en los hechos y, por tanto, la exclusión. Pero la tarea no termina aquí: apenas empieza! Después de estos seminarios necesitamos hacer un seguimiento a las y los participantes y a las autoridades públicas, a fin de poner en práctica entre todos, con una modalidad de trabajo colaborativo, horizontal e inclusivo, los conceptos, políticas y prácticas que se están aprendiendo ahora. No hay una receta única para la inclusión, no hay soluciones estandarizadas. Es un proceso personalizado, que por eso exige creatividad y seguimiento sostenido. Pero de lo que no tengo dudas es que estos seminarios están contribuyendo a generar la motivación y la voluntad colectiva que necesitamos, tanto en los actores públicos como en la comunidad educativa, para articular el trabajo colaborativo que se necesita en la efectivización de políticas públicas inclusivas.
Los expositores internacionales han puesto el acento en lo que se interpretó como un llamamiento a la “voluntad colectiva” para avanzar hacia una Educación Inclusiva genuina e integral. A su entender y saber ¿quiénes verdaderamente son los que en primer término deberían dar el ejemplo con acciones sustentables?
Definitivamente, el Estado tiene un rol fundamental, no sólo creando políticas públicas inclusivas transversales, sino también dando el ejemplo en su implementación. Por eso es que desde la OEA estamos tan involucrados en esta iniciativa de promoción de la educación inclusiva en conjunto con ORITEL: nuestro rol es apoyar a los Estados entregándoles herramientas teóricas y prácticas para efectivizar dicha implementación en los países de la región. No basta con crear leyes, políticas y programas de inclusión: es necesario promover un ambiente inclusivo a través de un cambio cultural y actitudinal, atacando las causas raíz de la exclusión y des-naturalizando la desigualdad. Ahí el rol del Estado es crucial: generar campañas de concientización sobre la inclusión como un derecho humano, dirigidas hacia quienes tomas las decisiones, quienes aplican las decisiones y hacia la comunidad en general. También es un deber del Estado asignar un presupuesto adecuado para la implementación de las nuevas leyes y políticas inclusivas.
Pamela Molina: “No basta con crear leyes, políticas y programas de inclusión: es necesario promover un ambiente inclusivo a través de un cambio cultural y actitudinal, atacando las causas raíz de la exclusión y des-naturalizando la desigualdad”.
Ahora bien, es cierto que la inclusión educativa exige un trabajo colaborativo. En este sentido, entidades como ORITEL, que tienen una repercusión a nivel internacional tan grande en el seno social, pueden y deben colaborar a través de campañas comunicacionales focalizadas en una perspectiva de derechos para visualizar a las personas en situación de discapacidad, y para promover su plena inclusión, lejos del encasillamiento en diagnósticos médicos, el trato condescendiente o la lástima. Este es el sentido de esta alianza. Por otro lado, el rol de los docentes, que son quienes pueden y deben generar un ambiente inclusivo en el aula, es también fundamental y es por eso que queremos promover la capacitación docente, y que desde los Estados se valore y se incentive su trabajo. Finalmente, la inclusión no se logrará sin el involucramiento activo de las familias y de los propios estudiantes con y sin discapacidad. Debemos hacer pedagogía de la diferencia, donde sean esos estudiantes quienes marquen el camino y el punto de partida. La inclusión requiere una transformación de las estructuras del sistema exclusivo y vertical de enseñanza que tenemos y que hemos heredado. Y para eso necesitamos la voluntad proactiva de todas y todos los actores involucrados.
¿Cuáles son los principios básicos e irreductibles que un modelo de Educación Inclusiva debe respetar y considerar para que nadie quede segregado?
Lo primero, hay que tener claro que la Educación Inclusiva no es sólo para las personas con discapacidad: educación inclusiva es un modelo educativo para todas las personas. Esto implica, como primer principio básico, tener claro que la diversidad es parte de la naturaleza humana, y que todos los días enfrentamos y enfrentaremos la diversidad. Por eso, no se trata de que las y los estudiantes se adapten a un sistema homogeneizador y estandarizado, que violente y oprima la diferencia, sino que el sistema educativo es el que debe adaptarse a cada uno, respetando su diversidad inherente. En segundo lugar, partir de la convicción de que todos los niños y niñas pueden aprender. Sin “peros”, sin restricciones, sin estereotipos como: “aquel puede aprender más y tú menos”, o “aquel otro, para que aprenda, tiene que ir a otro lugar”. Y aquí nos movemos al siguiente principio: todas y todos deben aprender en escuelas únicas regulares, no en espacios segregados. Escuelas regulares cercanas a los lugares donde viven, con sus pares, y participando no sólo del currículo académico, sino en todas las actividades de la escuela en igualdad con los demás. Esto significa compartir también las actividades recreativas, deportivas, y culturales juntos. Y para ello, el cuarto principio: la creación de programas educativos apropiados a cada estudiante, con currículos flexibles, y con los apoyos lingüísticos, pedagógicos, tecnológicos o humanos que cada estudiante requiera según sus necesidades. No hay algunos con y sin “necesidades especiales”: todas y todos los estudiantes tienen diferentes necesidades que el sistema educativo tiene la obligación de atender. Esto también implica generar sistemas de evaluación de logros de aprendizaje que no sean excluyentes ni estandarizados, porque no hay estudiantes estándar. La “normalidad” es una falacia que creamos para no enfrentar nuestro temor a reconocernos nosotros mismos como diferentes e imperfectos.
¿Considera que en los últimos años en nuestra región se han producido logros en materia de políticas y acciones inclusivas o todavía este asunto de particular importancia sigue siendo una deuda pendiente?
Se han producido logros: tenemos leyes de inclusión y políticas y programas públicos para transitar desde un sistema segregado, hacia la inclusión educativa. Además, desde la comunidad educativa, han surgido redes por la Inclusión Educativa que son buenas prácticas muy valiosas a apoyar y destacar, conformadas por padres, profesionales y organizaciones de la sociedad civil a favor de los derechos de las personas con discapacidad, y que aportan sus conocimientos y experiencias a las escuelas que deciden efectivizar la inclusión en sus aulas. Hay una red latinoamericana por la Inclusión Educativa, y hay redes locales al interior de los países. En Chile, hay una red de colegios inclusivos, conformada por colegios particulares que abogan por la inclusión educativa. Pero todavía tenemos un arduo trabajo por delante. Yo mencionaría algunos de los desafíos que tenemos pendientes, en línea con lo que ha sostenido el Comité de Expertos de la Convención de Naciones Unidas por los Derechos de las Personas con Discapacidad: a) que se mantiene en las políticas públicas y la práctica cotidiana un paradigma médico basado en diagnósticos para definir y delimitar las posibilidades de aprendizaje y de desarrollo humano y social de las personas con discapacidad, y no se aplica ni entiende a cabalidad el modelo de derechos humanos; lo cual deriva en que también se mantiene la discriminación, la segregación y la exclusión, con países en que un 50% de personas con discapacidad no asiste a la escuela; b) la falta de datos estadísticos más específicos sobre la situación de las personas con discapacidad en materia educativa, y la falta de evaluación de calidad respecto a sus logros de aprendizaje; c) la falta de presupuesto asignado a las políticas inclusivas en nuestros países; d) la falta de fiscalización y mecanismos legales adecuados cuando se niega el derecho a la inclusión educativa; e) la falta de voluntad política para invertir en capacitación docente y capacitación de toda la comunidad educativa, que son quienes tienen el rol de implementar en la práctica cotidiana las políticas de educación inclusiva.
PAMELA MOLINA TOLEDO. Chilena, Licenciada en Humanidades y Diplomada en Periodismo Cultural de la Universidad de Chile. Magister en Discapacidad y Desarrollo Humano de la Universidad de Illinois en Chicago, USA. Profesora Adjunta de la Maestría en Desarrollo Internacional de la Universidad de Gallaudet, y Especialista en Discapacidad de la Sección de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, en el Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la Organización de Estados Americanos, en Washington D.C., USA. Participó como experta en el proceso de escritura y aprobación de la Convención de Naciones Unidas por los Derechos de las Personas con Discapacidad
