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El Programa de Promoción de la Educación Inclusiva en las Américas, impulsado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización Internacional de Teletones (ORITEL), discurre con éxito gracias a la capacidad profesional y generosidad de esfuerzos prodigados para consagrar una causa que proviene de los instrumentos universales en materia de Derechos Humanos.

En ese contexto, Betilde Muñoz, Directora de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la OEA, es una protagonista central.

Lo es no sólo por haber impulsado y preconizado un programa destinado a dejar un aporte sustancial en el camino de instalar sistemas educativos no segregados de calidad, sino por su infatigable trabajo y ejecución de principios por agotar todos los recursos destinados a que los países de nuestro particular continente adopten compromisos genuinos para construir políticas de Estado duraderas e integrales, que trasciendan gobiernos y que se elaboren con el objetivo de contribuir a forjar sociedades más sensibles, tolerantes e igualitarias.

En la siguiente entrevista, Muñoz califica de “estratégico” al Programa de la Educación Inclusiva OEA-ORITEL y manifiesta la satisfacción de todo el departamento que lidera por los resultados conseguidos en los seminarios y por las expectativas de éxito en los Webinarios que se realizarán hasta el 3 de agosto.

Por otra parte, resalta el rol primordial del Estado en la concepción de sistemas educativos inclusivos y en ese sentido describe “los principios clave” que deben contener una respuesta educativa conforme al Enfoque de Derechos Humanos.

¿Qué importancia le asigna al Programa de Promoción de la Educación Inclusiva firmado por la OEA y ORITEL en 2017, que cristalizó en seminarios y webinarios de Educación Inclusiva que se reanudarán anualmente, en la promoción de la agenda de equidad en la región, una de sus tareas fundamentales al frente del relevante cargo que ocupa?

Para la Secretaría General de la OEA, el Programa de Promoción de la Educación Inclusiva en las Américas OEA-ORITEL ha sido estratégico y parte central de la agenda por promover la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad a nivel regional. Esto puesto que el objetivo central de este programa regional, el cual es la promoción de los derechos de las personas con discapacidad y su plena inclusión en un sistema educativo regular, no segregado y de calidad, es parte de los contenidos de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (CIADDIS) al igual que el Programa de Acción para el Decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad del Plan de Acción, documentos que dan el mandato de trabajo a nuestra institución.

Ambos documentos decididamente plantean que el acceso a la educación de calidad es un derecho humano de todas las personas. Más aun establecen que el camino más rápido para lograr un desarrollo sustentable y para reducir la desigualdad en la región, la cual que ha sido catalogada como la más desigual del mundo, incluye mejorar la calidad educativa y transformar el sistema educacional en uno que sea inclusivo de la diversidad humana sin restricciones. Importante mencionar que este programa impulsa la visión en contra de “escuelas especiales” o escuelas segregadas, y aboga porque las escuelas y los ambientes educativos celebren la diversidad humana, incluyendo a niñez y adolescencias con y sin discapacidad por igual.

Por ese motivo, en el Departamento de Inclusión de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la OEA estamos muy satisfechos con los resultados los seminarios de Educación Inclusiva OEA-ORITEL que se realizaron de forma presencial en Paraguay, Uruguay, Chile, México y Perú, en los años 2017, 208 y 2019, y que lamentablemente se suspendieron en 2020 debido a la pandemia. También estamos contentos que a partir de julio de este año hemos reanudado los trabajos.

Precisamente, estos esfuerzos en conjunto se complementan con los que venimos realizando desde la OEA. Principalmente, a través del monitoreo de la implementación de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (CIADDIS) mediante el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (CEDDIS). Asimismo, contamos con el Programa de Acción para el Decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad, el cual se inició en el año 2006 y se extendió por aprobación de la Asamblea General, hasta el año 2026, y que en materia educativa promueve que las personas con discapacidad estén incluidas en todos los niveles del sistema común de educación con los apoyos y ajustes razonables que necesiten.

En ese sentido, creemos que alianzas estratégicas como la que originó el Programa de Promoción de la Educación Inclusiva en las Américas OEA-ORITEL, son de suma importancia para generar una toma de conciencia sobre la riqueza de la diversidad humana; así como sobre las barreras impuestas históricamente a las personas con discapacidad y la necesidad de trabajar en conjunto para eliminar dichas barreras e incluir a millones de personas en la región.

Betilde Muñoz: “El Estado debe diseñar políticas educativas que ante todo busquen garantizar el principio de igualdad y no discriminación”.

A nivel de Educación, para instalar sistemas verdaderamente inclusivos, con una segregación totalmente desintegrada ¿qué acciones deberían privilegiarse en nuestros países para estimular el rol del Estado como garante de una transformación consistente?

El Estado sin duda tiene el rol primordial en garantizar las adecuaciones a las leyes, institucionalidad, al igual que a las prácticas que generen inclusión en vez de segregación en las escuelas. Cada país ira identificando las mejores maneras de procurar esta integración y maneras de celebrar la diversidad humana. Sin embargo, son tres los principios clave que cualquier respuesta educativa debe contener:

En primer lugar, es clave garantizar el Enfoque de Derechos Humanos. ¿A que nos referimos con esto? Nos referimos a políticas que tengan como objetivo avanzar en el ejercicio pleno de los derechos humanos de la población, según lo dispuesto por los tratados interamericanos e internacionales en derechos humanos de grupos en situación de vulnerabilidad, en este caso las personas con discapacidad, y en la eliminación de todas las formas de discriminación e intolerancia.

En segundo lugar, el Estado debe diseñar políticas educativas que ante todo busquen garantizar el principio de igualdad y no discriminación. ¿En qué consiste este principio? Este principio requiere garantizar la equiparación de oportunidades en el acceso a derechos y servicios, priorizando transversalmente, con un enfoque interseccional e inclusivo de todos los Grupos en Situación de Vulnerabilidad (GSV) que se cruzan con la condición de discapacidad.

Y finalmente, estas políticas deben ser diseñadas tomando en cuenta el concepto de la interseccionalidad. Esto implica abordar en las propuestas de manera simultánea e integral, los efectos complejos, irreductibles, variados y variables que resultan cuando múltiples ejes de desigualdad y estigmatización de la diferencia (económica, política, cultural, bio-psico-social, racial, de género, de etnia, identidades y experiencias) se conectan en contextos históricos específicos, produciendo afectaciones únicas e indivisibles. En materia de inclusión educativa de personas con discapacidad, significa entender y diseñar políticas publicas que tomen en cuenta del cruce de estas identidades que ultimadamente, por razones históricas, tienen a limitar el acceso a derechos.

Los seminarios de Educación Inclusiva OEA-ORITEL están basados en un Acuerdo de Cooperación firmado el 7 de agosto de 2017 entre las instituciones para implementar doce Seminarios de Capacitación en los doce países miembros de la OEA donde también opera la ORITEL. Sin duda, estos seminarios contribuirán a generar pautas para acercarnos al logro de una educación verdaderamente inclusiva y ultimadamente incidir en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad y, en particular, su plena inclusión en un sistema educativo regular de calidad, en igualdad de condiciones con los demás. Todo esto basado en algo que es central para nuestro trabajo desde el Departamento de Inclusión Social: consolidar el paradigma de derechos humanos e inclusión social de las personas con discapacidad.

Creemos que, a través de esfuerzos colaborativos como estos seminarios, que solo a través de un esfuerzo multisectorial, es posible generar un cambio real y tangible en la vida de las personas con discapacidad en todo el hemisferio. Es por esto,  que celebramos esta iniciativa que, sumando también a las propias personas con discapacidad de toda la región, nos permitirá implementar acciones que refuercen la implementación de los instrumentos interamericanos que protegen sus derechos y lograr así sociedades cada vez más inclusivas, cada vez más democráticas, con más derechos para más personas.