El transcurso del tiempo, en especial los compromisos honrados, han demostrado que el aquel apretón de manos que protagonizaron en 2005 en Washington, Don Mario Kreutzberger, Presidente Fundador de ORITEL, y José Miguel Insulza, ex secretario Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), no fue un mero acto de formalismo ni un simple gesto de caballerosidad.
Fraguó, gracias a la visión de estas dos personalidades, una relación para el trabajo mancomunado; desató un llamado para la acción que se diseminó por las tres Américas.
Era hora de emprender sinérgicamente proyectos y programas efectivos para las personas y familias en situación de discapacidad. Era hora de contribuir, con experiencia y solidez profesional, a esa infatigable tarea que supone la corrección de las desigualdades, penurias, extrema vulnerabilidad, ausencia de oportunidades y el segregacionismo que adolecen y, lamentablemente, continúan sufriendo las personas con discapacidad.
Desde esa fecha de relaciones forjadas, la OEA y ORITEL articularon marcos legales para promover la efectiva inclusión de las personas con discapacidad en el continente.
Allá por el 2012 y en lo sucesivo, determinaron trabajar fervientemente por la Educación Inclusiva, dimensión consagrada en los instrumentos normativos internacionales en Derechos Humanos.
Campañas, seminarios, webinarios, documentos institucionalizados y congresos fueron las modalidades en que los compromisos y objetivos se plasmaron cuidadosamente.
Próximamente, se escribirá un nuevo capítulo. El 5 de setiembre, en oportunidad del último día de sesión del XVII Congreso Internacional de ORITEL en Bogotá, se llevará a cabo un encuentro de alto impacto en materia de Educación Inclusiva, titulado la “Educación Desde Todas las Voces, Construcción Colectiva a partir de la Guía para la Promoción de la Educación Inclusiva de ORITEL”, documento que la OEA ha reconocido por su alto componente técnico y valor como fuente de apoyo a las instituciones educativas.
En este período de revitalización del vínculo entre las dos entidades continentales y proyectando una nueva fase de acción, surge la destacada figura de la Directora del Departamento de Acceso a los Derechos de la OEA, Dra. Claudia González Bengoa, cuya trayectoria se ha centrado en la promoción de la inclusión social y en el acceso a los derechos de personas en situación de vulnerabilidad en las Américas.
En la siguiente entrevista, González Bengoa califica los espacios acordados entre las dos organizaciones de “suma importancia”, puesto que a su juicio son parte de la “implementación práctica de los principios y objetivos que adoptaron” los Estados miembros de la OEA.
Adicionalmente, se refiere al diagnóstico situacional de la Educación Inclusiva que su departamento ha generado tomando como base quince Estados de la región.
Su dictamen, como especialista y oficial de acceso a Derechos, es concluyente: “Persisten importantes desafíos para garantizar el derecho a la educación de las personas con discapacidad. Muchas continúan enfrentando barreras de acceso, permanencia y calidad educativa, así como entornos segregados”
¿Qué significa para la OEA, y particularmente para usted como destacada representante en todo lo relacionado con los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad en las tres Américas, apoyar la participación activa en un Congreso Internacional de ORITEL donde se desarrollará un encuentro para promover el contenido y alcance de una Guía continental en Educación Inclusiva?
Para la OEA estos espacios son de suma importancia pues contribuyen directamente con la implementación práctica de los principios y objetivos que han adoptado nuestros Estados miembros plasmados en la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (CIADDIS) y el Programa de Acción para el Decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad (PAD).
Directora del Departamento de Acceso a los Derechos de la OEA, Dra. Claudia González Bengoa, cuya trayectoria se ha centrado en la promoción de la inclusión social y en el acceso a los derechos de personas en situación de vulnerabilidad en las Américas.
La OEA y ORITEL han forjado a lo largo de más de 20 años un vínculo institucional que permitió trabajar mancomunadamente en temas relacionados con la promoción de La Educación Inclusiva. A su juicio ¿esta instancia podría representar un impulso para explorar acciones conjuntas en esta materia para los próximos años?
Correcto. Las relaciones de cooperación entre la OEA y ORITEL han existido y seguirán existiendo para facilitar la articulación de iniciativas de impacto regional que combinen la capacidad normativa y de incidencia internacional con el conocimiento y la experiencia de quienes trabajan directamente con las comunidades. Estas sinergias permiten compartir buenas prácticas y asistencia técnica que fortalecen las capacidades nacionales para avanzar hacia sistemas educativos inclusivos.
A sabiendas de la complejidad que significa resumir un panorama tan heterogéneo y vasto ¿cómo calificaría el panorama de la situación de la Educación Inclusiva en las tres Américas, en función de las variables que la OEA instrumenta para elaborar sus diagnósticos?
Desde la OEA hemos generado un diagnóstico situacional en materia de Educación Inclusiva a raíz del ejercicio de monitoreo que hemos realizado sobre la implementación de la CIADDIS. Este diagnóstico, generado en 2026 y que toma como base a 15 Estados de nuestra región, nos muestra que persisten importantes desafíos para garantizar el derecho a la educación de las personas con discapacidad. Muchas continúan enfrentando barreras de acceso, permanencia y calidad educativa, así como entornos segregados. Estas desigualdades afectan de manera particular a las niñas y mujeres con discapacidad y a quienes viven en zonas rurales, evidenciando brechas de género y territoriales.
¿Qué aspectos considera modificar a corto plazo para que se constaten avances uniformes en los países de la región en esta materia?
Desde la OEA se han emitido un conjunto de recomendaciones a los Estados de nuestra región para superar las barreras identificadas en la materia. Las recomendaciones enfatizan la necesidad de fortalecer los marcos normativos, institucionales y presupuestarios para garantizar el derecho a una Educación Inclusiva en todos los niveles y modalidades educativas. Asimismo, destacan la importancia de capacitar a las autoridades educativas, promover la colaboración interinstitucional, mejorar la recopilación de datos con un enfoque de derechos, asegurar financiamiento sostenible para los ajustes razonables, eliminar barreras actitudinales y adoptar el Diseño Universal en la infraestructura y tecnología educativa.
